sábado, 8 de agosto de 2009

Ordenación Territorial (27 de julio de 2006)

¿Existe realmente Ordenación Territorial?

“La Ordenación Territorial es la expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de toda la sociedad.” (Carta Europea de la Ordenación del Territorio, 1983)

En un Estado descentralizado y cada vez más complejo, como es el español, la distribución del territorio y por tanto su ordenación territorial está sometida a las competencias de los diferentes niveles de las administraciones públicas territoriales, en ocasiones hasta cuatro (municipal, provincial o insular, autonómico y estatal) a ello hay que añadir el obligado cumplimiento o transposición al ordenamiento jurídico territorial de unas novedosas Directivas (europeas) desde la incorporación de España a la Unión Europea (UE) en 1986.

La Ordenación Territorial (OT) está dirigida a la toma de grandes decisiones básicas condicionantes de la estructura del territorio y dirigida a la coordinación de las distintas y diversas administraciones. Por otro lado, a un nivel más preciso y cercano al ciudadano, nos encontramos con el Urbanismo (U) referido a la ordenación local del mismo territorio ya muy fragmentado, el cual tiene carácter y eficacia vinculante total no solo para la administración municipal competente sino también para los particulares.

En realidad a los ojos de los ciudadanos, nos encontramos ante un reparto de competencias urbanísticas territoriales, amparado en la Constitución del 78, que pone en manos de las administraciones municipales una gran facultad de reparto del poder económico del espacio, de muy difícil control, al no existir un órgano “ad hoc” conformado por ciudadanos externos a la propia gobernación municipal que participe o supervise las decisiones que les afectan y les vinculan, profundamente, por lo que en general no se sentirán muy involucrados. Más bien todo lo contrario, muchas veces se consideran tratados, no igualitariamente, o simplemente como súbditos.

Vivimos en una ciudad, trabajamos en ella, nos movemos, la disfrutamos o la sufrimos, según los casos y los momentos del día a lo largo de todo el año, pero ¿quién toma las decisiones vitales sobre la misma?, sobre ¿como debe ser cada uno de sus espacios?, ¿cuál será su uso cualificado?, ¿hasta que altura se construirá?, ¿cómo se delimitan los ámbitos de actuación?, ¿quién controla? …

El urbanismo provee las infraestructuras, los equipamiento, influye en el mercado de la vivienda, la congestión del tráfico y, ¿quiénes participan en esta toma de decisiones: autoridades, partidos políticos, propietarios de suelo, promotores, “gestores”, profesionales?, ¿dónde están los ciudadanos?. Es decir, los destinatarios finales de las múltiples viviendas, casi siempre inaccesibles para la mayoría, los que tienen que usar los espacios de trabajo o de ocio, moverse en el tráfico para ir a trabajar, o a disfrutar del descanso.

Realmente, es “desolador” contestar a estas y otras preguntas para aquellos ciudadanos que se han preocupado por corregir algunas “desviaciones” observadas en las políticas territoriales y en las decisiones urbanísticas, una vez superados los flamantes y mal llamados periodos de “información pública” (PIP). Para algunos un mero trámite administrativo que deben cumplir por imperativo legal.

“Porque aunque pueda ser legal, resulta de todo punto inaceptable que un Proyecto que ocupa 22 tomos, de aproximadamente 300 páginas cada uno, lo que hace unas seis mil seiscientas páginas en formato A-3, contenidos en tres pesados cajones de madera que superan los 140 kilos de peso, y que ha costado varios años de estudios previos, se exponga durante un sólo mes
(plazo mínimo previsto en las directivas europeas), con el agravante de que dicho mes coincide con el periodo de Nochebuena, Navidad, Fin de Año y Día de Reyes; fechas en las que tradicionalmente los ciudadanos disponemos de poco tiempo libre.”

(PIP del Nuevo Acceso Ferroviario al Norte y Noroeste de España, publicado en el B.O.E. del 24 de diciembre de 1997. Alegación presentada por una agrupación de 8 ayuntamientos de la Sierra Norte de Madrid.)


Se puede salir informado de los mismos, sí, pero muchas veces sería mejor no hacerlo, pues el ciudadano descubre, que se encuentra ante una serie de decisiones administrativas de corte generalmente autoritario y, muchas veces, en las que se vulnera el principio de igualdad, sin ninguna razón justificativa.

Es muy difícil, sino imposible, conseguir la razón a la lógica ciudadana (la del sentido común), que no tiene siempre porque coincidir con la legal (basada en un cúmulo incompresible de leyes, normativas, etc, variables con el tiempo político) ante las autoridades administrativas o judiciales, y aunque a veces, a fuerza de tesón y el esfuerzo de algunos pocos se consiga, los “hechos consumados” han hecho ya su efecto.

En la mayoría de los casos, ¿qué juez se atreve a restituir a la situación anterior, ante la aparente buena fe de los ciudadanos beneficiados por los mismos? o en las ocasiones que sí, se consigue la razón, ha trascurrido tanto tiempo que la propia administración municipal ha sanado el “error” valiéndose de los mecanismos que su propia competencia le otorga y, todo ello sin el menor reparo o pudor . La dinámica del “pelotazo” se impone, ante los ojos de los ciudadanos que observan atónitos como los burladores de la legalidad obtienen su beneficio en detrimento del interés general.

La reciente Operación Malaya, en Marbella, ha disparado la alarma social o al menos la atención hacia este problema de una parte de la ciudadanía. ¿Cómo es posible que se hayan podido construir, dicen que más de 30.000 viviendas fuera de la legalidad, sin que nadie se enterase?, ¿dónde estaban las autoridades urbanísticas? ¿y las judiciales?, acaso ¿no había denuncias, por parte de los ciudadanos?, ¿no habían sido elegidos democráticamente los alcaldes?, ¿se atreverá algún Juez a restituir a la situación anterior?, preguntas todas ellas de difícil respuesta.

Sin embargo, estos acontecimientos y/o actitudes no son nada novedosos, anteriormente otras operaciones urbanísticas, de gran calado, han llamado la atención de los ciudadanos y han sido o están siendo sometidas al control de las autoridades superiores (judiciales, y/o de la Unión Europea) si bien el resultado final vuelve a ser bastante desesperanzador, al menos para los ciudadanos conscientes de lo que está sucediendo.

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