domingo, 7 de agosto de 2011

Recordando mi definición de "Pelotazo urbanístico"

Se realizan operaciones "especulativas", sin sentido mercantil aparente o altamente "irregulares" con importantes beneficios, y un presunto uso de "información privilegiada", siendo beneficiadas algunas empresas con un "trato de favor" por parte de la administración urbanística (inusitada celeridad en la tramitación de expedientes administrativos y pasividad de los servicios de disciplina urbanística ante las denuncias de los vecinos).
Los rasgos característicos, o radiografía de estas operaciones son:
  • siempre hay un motivo aparente que las justifica: la M-40, una reordenación urbanística, la cesión de un parque, etc... ("coartada" que sólo se sostiene en el deseo del funcionario de turno ).
  • el interés público último se sustenta, incluso, en la peregrina e ilusoria candidatura de Madrid como Ciudad Olímpica (para el año 2012)
  • aparecen "chocantes" compra-ventas, previas y/o posteriores, y operaciones mercantiles, aparentemente sin sentido que, sólo caben en la mente del que sabe lo que va a suceder ("uso de información privilegiada").
  • involucran tramitaciones administrativas, altamente sofisticadas y aceleradas, fuera del alcance del ciudadano de a pie, que sólo caben con el trabajo de funcionarios que confunden la potestad discrecional del planeamiento con la potestad arbitraria en beneficio de unos pocos (presunta "prevaricación").
  • se generan grandes "plusvalías" en detrimento del interés general (son los consabidos "pelotazos").
  • los propietarios o sociedades involucradas, están participadas en su capital social por empresas constituidas, en "paraísos fiscales", Panamá, Liechtenstein, Islas Vírgenes, Gibraltar, Bahamas, etc... (posiblemente ocultando los "cohechos", beneficios o participaciones de los necesarios colaboradores que permanecen así opacos).
  • intervienen personas (administradores, consejeros, notarios, etc...) o funcionarios "adictos" o simpatizantes del grupo económico, político u organización religiosa, beneficiado.
  • funcionarios de segundo nivel, son obligados a realizar informes basados en ordenes jerárquicas y no en su opinión técnica-profesional o actúan con funciones delegadas.
  • son "evidentes" por su discordancia con el entorno (donde había vivienda unifamiliar se levanta edificación colectiva o dotacional privada, donde sólo se permitían tres alturas se pasan a ocho, donde era zona verde o protegida se permite urbanizar, el uso terciario hospedaje se convierte en colectivo residencial, los arroyos en su zona de servidumbre se convierten en zonas deportivas privadas, o se dan licencias irregulares en pasillos eléctricos, se ocupan arroyos, etc..., etc...)
  • se recalifica un solar expropiado para un uso social (deportivo para empresas sin carácter especulativo) pasandolo a terciario (oficinas con carácter lucrativo).
  • se modifican las leyes a "la carta" para eliminar inseguridades jurídicas, con total descaro.
Las relaciones, conexiones y "tratos de favor", por parte de la administración, no son concebibles sin pensar en la existencia de una "trama organizada" para favorecer determinados intereses: políticos, económicos, religiosos, deportivos, familiares, personales u de otra índole, que no son los generales que ampara la Constitución.

Como se modifican las Leyes para propiciar los pelotazos.

1. Ley 38/1999, de 5 de noviembre (BOE núm. 266, de 6 de noviembre) de Ordenación de la Edificación (LOE), en la que se regulan (prácticamente se eliminan) los "derechos de reversión" por medio de la disposición adicional 5ª. Estos derechos fueron respetados en la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones (artículo 40). Estaban regulados por los artículos 54 y 55 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa y en su Reglamento, aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957 (BOE núm. 160, de 20 de junio). Esto afecta al caso de la Operación Ciudad Deportiva del Real Madrid y al de la Operación Chamartín, entre otros.
2. Ley 9/2001, de 17 de julio (BOCM, de 26 de agosto de 2001) del Suelo de la Comunidad de Madrid, ha eliminado inseguridades jurídicas al "otorgar edificabilidad" sobre el suelo destinado a Sistemas Generales, lo que no estaba permitido en la anterior Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo (BOCM, Núm. 86, de 11 de abril de 1995). Es el caso concreto de la Operación Chamartín.
3. Modificación de la anterior, nuevamente, a través de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas o Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, de 15 de noviembre de 2001. Se corrige el punto 4º de la Disposición transitoria 3ª de la Ley del Suelo para allanar el camino (disminuir las cesiones de suelo, 53.178 m2 en lugar de 157.000 m2 con la nueva Ley) y evitar así, las "inseguridades jurídicas". Es el caso de la Operación Ciudad Deportiva del Real Madrid.
4. El Estado español ha hecho, reiteradamente, una "transposición deficiente" de las Directivas relativas a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, a fin de evitar las "evaluaciones medioambientales" de determinados proyectos situados en suelo urbano, como es el caso de la Operación Chamartín y de la Operación Ciudad Deportiva del Real Madrid, entre otras. Se protegen así procesos especulativos, en contra de lo previsto en el artículo 47 de la propia Constitución Española.
  • El Consejo de Ministros de Medio Ambiente europeo adoptó en marzo de 1997 la Directiva 97/11/CE sobre evaluación de las repercusiones de determinados proyectos de infraestructura, que modificaba el texto de la Directiva 85/337/CEE. Esta nueva Directiva incluye los planes de urbanismo (y/o la Modificación de Planes de Ordenación Urbanos), como es el caso de la Operación Ciudad Deportiva del Real Madrid o el de la Operación Chamartín, entre otros.
  • La Comisión Europea envía a España un dictamen motivado (segunda fase del procedimiento de infracción), el 28 de febrero de 2000, para que adaptara su legislación a las disposiciones de la Directiva Comunitaria sobre evaluación de las repercusiones de determinados proyectos de infraestructura. El plazo para la incorporación había vencido el 14 de marzo de 1999.
  • La Comisión Europea interpuso, el 14 de diciembre de 1999 ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), una demanda contra el Reino de España por la inadecuada incorporación de la Directiva 85/337/CEE, por no incluir el Real Decreto legislativo 1302/1986 dentro de su ámbito de aplicación a varios de los grupos de proyectos que figuraban en el anexo II de la norma comunitaria.
  • El 15 de septiembre de 2000 se presento una nueva demanda contra el Reino de España, por la no-transposición de la Directiva 97/11/CE en el plazo en ella fijado. Se desconoce la situación actual de esta denuncia.
  • El 31 de octubre de 2001, la Comisión Europea ha admitido a tramite una denuncia (con el número 2001/5061, SG (2001) A/11877), esta vez presentada por la Asociación de vecinos de las colonias de Valdemarín Monreal y Pardo de Aravaca, organización sin ánimo de lucro, por una "inadecuada" transposición de la Directiva 97/11/CE, al excluir de su ámbito de aplicación la Ley 6/2001, de 8 de mayo (BOE núm.111, de 9 de mayo de 2001) a grupos de proyectos que figuran en el anexo II de la norma, cuando están situados en "suelo urbano" (Modificación de Planes de Ordenación Urbanos), como es el caso de la Operación Ciudad Deportiva del Real Madrid o el de la Operación Chamartín, entre otros.