miércoles, 5 de octubre de 2011

Operación Chamartín, hace once años.

Operación Chamartín


El Ministerio de Fomento aplaza la Operación Chamartín hasta que sea aprobada la nueva ley regional del suelo.

El concejal de Urbanismo, Ignacio del Río, reconoció el martés 17 de octubre de 2000 la inviabilidad de la misma, según él, por un "error técnico".

El Gobierno diseña una Ley del Suelo que dará miles de millones en plusvalías a las instituciones, al permitir aprovechamientos urbanísticos en terrenos (vías ferroviarias) que antes de la ley no los tenían por tratarse de sistemas generales.


Se trata de una de las operaciones urbanísticas más importantes de Madrid, con más de un billón de pesetas en plusvalías a ganar (por algunos pocos), que se ha dejado manifiestamente, en manos de la especulación inmobiliaria, sin contar para nada con la opinión de los vecinos o ciudadanos de Madrid, eludiendo hasta ahora la preceptiva información pública que toda modificación del Plan General exige (ver Nota 1), así como los estudios de impacto ambiental (ver Nota 2) que una infraestructura como esta requiere, y saltandose a la torera la normativa existente, como en la falta de realización de un segundo concurso público cuyo objeto debería atender a la nueva zona de ordenación urbanística establecida por el PGOUM'97 (ver Nota 3) y otras muchas que iremos desvelando.

La urbanización de 3,12 millones de metros cuadrados al norte de la ciudad es un viejo proyecto socialista (pactado durante los mandatos del alcalde Juan Barranco, el presidente Leguina y el ministro José Barrionuevo) que los populares aún no han sido capaces de sacar de los despachos (según: El País, jueves 9 de noviembre de 2000, Madrid página 3).

Como veremos se trata más bien de un operación a futuro de "ingeniería financiera" que favorece unos intereses que no son los generales, olvidando que:

Los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias para la utilización del suelo de acuerdo con el interés general impidiendo la especulación.

Según el PG'97 vigente la "Operación Chamartín" corresponde al ámbito definido por el :

APR 08.03 (Área de Planeamiento Remitido) "Prolongación de la Castellana". La superficie total de la zona, es de 3.120.000 metros cuadrados.

Se había establecido en el Plan General, para esta operación urbanística un 0,6 de edificabilidad, que el ayuntamiento madrileño ha aceptado aumentar hasta el 0,79 m2/m2, además de otras edificabilidades camufladas ("hitos arquitectónicos" o rascacielos, que presumiblemente elevarán esta edificabilidad por encima del 1 m2/m2 al menos).

Según Expediente 711/98/4718, publicado en el BOCM 19-8-99, se están tratando de establecer con gran celeridad las Bases de la Junta de Compensación del APE 05.27, "Colonia el Campamento" (Ref: 990.391, fecha del 30-09-99), con una extensión superficial de 73.352,49 m2, la cual está delimitada por:

  • Norte: c/ Manuel Caldeiro, instalación de la EMT.
  • Sur: c/ María Pérez, c/ Agustín de Foxa y edificio de la Estación de Chamartín, c/ Rodríguez Jaén
  • Este: Instalaciones de la Estac. de Chamartín, edif. de oficinas y límite de aparcamiento.
  • Oeste: c/ Mauricio Legendre.

Los promotores de la Junta son las mercantiles:

  • Desarrollo Urbanístico Chamartín, S.A. (DUCH, S.A.) / RENFE
  • Urbanismo y Ciudad, S.A.
  • Semorsa (con mismo domicilio de DUCH, S.A.)

La alarma social ha saltado. Nadie es capaz de comprender, como una empresa privada Desarrollo Urbanístico Chamartín (DUCH) ha conseguido, sin pública concurrencia (ver Nota 3), el privilegio de hacerse merecedora de los aprovechamientos urbanísticos de tanto terreno público, menos aún la forma chapucera y rápida en que se está haciendo, el sistema elegido es el de ejecución forzosa, olvidando los mínimos preceptos legales y el respeto al interés general. En definitiva, todo un compendio del Urbanismo más Perverso, contra el que estamos luchando, mal que les pese a algunos. Veamos porqué afirmamos todo esto:

A) Violación de la legalidad vigente.

  • Nota (1): El Art. 6 de la LS98 recoge que "la legislación urbanística garantizará la participación pública en los procesos de planeamiento y gestión, así como el derecho a la información de las entidades representativas de los intereses afectados por cada actuación y de los partículares". Los planes urbanísticos son normas jurídicas y como tales deben ser siempre publicados en los boletines oficiales por imperativo constitucional (art. 9.3 de la Constitución).

Las Modificaciones puntuales suponen cambios aislados que no producen alteración sobre la estructura general y orgánica del territorio (en este caso el coeficiente de edificabilidad pasa de 0,6 m2/m2 a 0,79 o más bien a 1 m2/m2). La legislación vigente define la figura de la modificación puntual, determinando su proceso de tramitación (artículo 126.5 de la L. S. de 1.992), las Modificaciones están sujetas a la misma tramitación que los planes de los que derivan.

No ha habido proceso de información pública para esta Modificación del PG'97.

  • Nota (2): En este sentido conviene recordar la Directiva Europea sobre evaluación de los impactos sobre el medio ambiente de ciertas obras públicas y privadas:

IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL EUROPEO:

Aquellos proyectos de ejecución de obras, cuya entidad haga prever un alto grado de incidencia ambiental, deben efectuar una evaluación de su repercusión sobre el medio ambiente, conforme al procedimiento cuyas bases establece la Directiva 85/337/CEE (DOCE L 175, de 5005.07.85), aprobada en el Consejo de las CEE de 27 de Junio de 1.985. Fija en su anexo I los proyectos que se deben someter a la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

La anterior se ve modificada por la Directiva 97/11/CE (DOCE L 73, de 14.03.97), en la que se solventan carencias de la anterior, se incluyen normas sobre la EIA transfronterizas y se amplia notablemente la lista de proyectos sometidos obligatoriamente a evaluación.

Este Proyecto de Urbanización o la denominada "Operación Chamartín" (donde se generan aproximadamente 15.000 viviendas de precio libre de unos cien m2 de media, a las que hay que añadir otros 400.000 m2 para oficinas y unos quince rascacielos, de entre 30 a 40 pisos), por estar incluido en el Anexo II, apartado 10 Proyectos de infraestructura, sub-apartado b) Trabajos de ordenación urbana, y de acuerdo con el Artículo 4.2 debería haber sido sometido a evaluación de impacto ambiental.

Se incumplen además las siguientes leyes nacionales y autonómicas:

IMPACTO AMBIENTAL NACIONAL:

Real Decreto Legislativo 1.302/86, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental (BOE núm. 155, de 30-6-86). Incluye la novedosa e interesante necesidad de redactar un Programa de Vigilancia Ambiental, con objeto de inspeccionar el cumplimiento del condicionado incluido en la autorización del Proyecto, si lo hubiese.

Real Decreto 1.131/88, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Decreto Legislativo 1.302/86, de 28 de junio (BOE núm. 239, de 5-10-88).

IMPACTO AMBIENTAL AUTONOMICO:

Ley 10/91, de 4 de abril, para la protección del Medio Ambiente (BOCM núm. 91, de 18-4-91). Corrección de errores en BOCM núm. 94, 22-4-91. , BOCM nº 128, del 29-5-91.Donde se establecen la relación de proyectos que están sometidos a evaluación ambiental.

Decreto 123/96, de 1 de agosto, por el que se modifica el Anexo II de la Ley 10/91, de 4 de abril, para la protección del Medio Ambiente (BOCM núm. 217, de 11-9-96). En este decreto se amplía la relación de proyectos que quedan sometidos a la evaluación de impacto ambiental.

El EIA no aparece por ningún lado.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, ha establecido que cuando las Directivas contienen obligaciones suficientemente concretas, claras y no condicionadas, una vez transcurrido el plazo dado para su implementación a traves de medidas nacionales, serán ellas mismas directamente oponibles por los ciudadanos frente al Estado infractor. Ello para que la Directiva no quede privada de su "efecto útil" y por aplicación del Principio General de que nadie puede aprovecharse de su propio dolo o negligencia (la negativa o el retraso del estado en trasponer la Directiva en Derecho interno, o el incumplimiento de las traspuestas).

  • Nota (3): La modificación/ampliación del Contrato incial con DUCH (con el asesoramiento del hombre de confianza del ex-Ministro de Fomento Rafael Arias Salgado, el abogado Ricardo Egea Krauel), se efectúa al margen de la ley, ya que la ampliación del ámbito impuesta por el PG'97 afecta esencialmente al objeto principal de la adjudicación por lo que se incurre en las siguientes ilegalidades:

1.- Ausencia de expediente previo en el que se justifique claramente las razones de interés público que la motivan (Artículo 149 del Reglamento de los Contratos de las Administraciones Públicas). Olvida, que la exigencia de motivación se halla directamente vinculada a los principios básicos del derecho, contemplados en el artículo 1.1 de la Constitución. Incluso se ha llegado a decir que la ausencia de motivación lesiona abiertamente "el valor justicia" que consagra este mismo precepto (SSTC 116/1986).

2.- A pesar de incurrir en el apartado b) del Artículo 60 de la LCAP porque la contraprestación (m2 edificables) aumenta en más del 20%, no cuenta con informe preceptivo del Consejo de Estado u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma.

3.- Carece de la previa y preceptiva aprobación de la modificación del contrato por el Consejo de Ministros , tal y como dispone el apartado b in fine del punto 2 del artículo 12 de la LCPA, toda vez que la entidad de la modificación supone una causa de extinción de la previstas en el artículo 150 e) y 214 c) ( según consideremos de obra o de servicios este contrato)

4.- Por descontado se olvidan dar cumplimiento al principio de publicidad que prevé el artículo 94 de la LCAP. Contraviene los principios que rigen la contratación administrativa y que se encuentran recogidos en el Artículo 11 de la LCAP, al decir "Las Administraciones Públicas se ajustarán a los principios de publicidad y concurrencia y, en todo caso, a los de igualdad y no discriminación"

B) Otras irregularidades urbanísticas

Las irregularidades detectadas y denunciadas (hace tiempo) por los vecinos afectados con la operación, que somos todos los ciudadanos, empiezan a surgir destapadas por los medios y las sorprendentes "conexiones" descubiertas apuntan a lo que algunos comienzan a oler (desde luego muy mal y/o a "podrido") como parte de la trama urbanística madrileña (la esquina DORNA del Real Madrid, el convenio con el GIL, el Caso Aravaca, la Operación Chamartín, la privatización de la Funeraria, etc... son sólo algunos ejemplos) donde algunos funcionarios está más atentos a la disciplina partidista que al interés general.

  • en la operación aparecen numerosos viales (calles de dominio público) como solares pertenecientes a varias sociedades, a traves de las que se han ido realizando diversas transaciones, las cuales pertenecen a la mismas personas (D. Juan de Arespacochaga Felipe o D. Joaquín Arespacochaga Llopiz) y no al Ayuntamiento. Según Diligencia de Investigación Núm. 38/96 de La Fiscalía Especial para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción.
  • muchos de los suelos de la operación Chamartín, cuya titularidad está investigando la fiscalía anticorrupción, proceden de antiguas capellanías familiares, que la iglesia ha abandonado.
  • a la Iglesia, se le han reconocido "precipitadamente" (s./ acuerdo secreto de DUCH con la Compañía de Jesús del 31-5-96, comprando sus derechos de reversión, con el asesoramiento del hombre de confianza del Alcalde Oscar Alzaga), derechos de reversión. La Ley 38/1.999, de 5 de noviembre (BOE, 6-11-99), de Ordenación de la Edificación, regula estos derechos eliminandolos después de veinte años. Posiblemente la administración se podría haber ahorrado mucho dinero, si hubiese esperado como ha hecho con otros privados.
  • DUCH paga el sueldo y el despacho del gerente de la Operación Chamartín, Luís Rodríguez-Avial Llardent que es funcionario municipal o al menos ha estado a cargo de la Oficina Municipal del Plan (OMP), como responsable máximo, desde donde se ha dado cobertura a esta operación y se ha gestionado el PG'97 aprobado definitivamente el 17 de abril de 1.997 por la CAM .
  • RIOFISA aglutina terrenos (70.000 m2) en la operación Chamartín, ha venido realizando compras a varias empresas (Semorsa, ... ) que al parecer tienen parcelas escritas "irregularmente".
  • el caso WINKEL, no deja de ser sorprendente y "chocante", aunque habrá que esperar la acción de la justicia y de la propia administración.
  • existen curiosas relaciones de parentesco como veremos más adelante en el Expediente X.

C) Curiosidades

La constitución de la Fundación "Nuevo Siglo", el 15 de febrero de 1.999, en la Casa de América para vigilar la operación en opinión de los vecinos afectados. Se trata de un organismo consultivo que dictaminará sobre los proyectos de urbanismo y arquitectura "futuro de Madrid" y especialmente de la "supervisión de la Operación Chamartín", según fue anunciado a bombo y platillo. El ayuntamiento les ha cedido un edificio histórico para que instalen sus oficinas (regalo a unos pivados o generosidad del Alcalde).

¿Quienes forman parte de esta curiosa fundación?. Veamos:

  • La Fundación Argentaria (Duch/Unitaria/Gesinar)
  • La Fundación BBV (Metrovacesa)
  • El Presidente del BBV Emilio Ibarra (ahora BBVA)
  • La Fundación Ramón Areces (El Corte Inglés)
  • El Alcalde de Madrid, José María Alvárez del Manzano y López del Hierro (PP) (su actual Presidente)
  • El ex-alcalde de Madrid Juan Barranco (PSOE)
  • El ex-alcalde de Madrid José Luís Alvarez (UCD) (primer edil del periodo de la transición, antes de Tierno Galvan)

No aparecen por ninguna parte, ni el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, ni representación de los vecinos de Madrid (es como el zorro vigilando las gallinas). Los ciudadanos deberán extraer sus propias conclusiones sobre el comportamiento de algunas empresas.

Según Hoja Informativa (Enero 2002) de la Demarcación de Madrid. Ha sido nombrado el Decano de esta Institución, del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Edelmiro Rua, como representante del Colegio en el Consejo Asesor de la Fundación Madrid Nuevo Siglo.

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