miércoles, 28 de noviembre de 2012

AHORA SOLO QUEDA CUMPLIR Y VAN MÁS DE SIETE AÑOS... ESPERANDO!!!


CRONOLOGÍA DE LOS “INCUMPLIMIENTOS” DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN #STSM40 DE #VALDEMARIN

  1. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid de 15 de junio de 2002 Nº 636 condenó al Ayuntamiento de Madrid a reconocer en los Valdemarines un régimen urbanístico igual, sea la aplicación de la Norma Zonal (NZ) 8.1º.a (chalets), la pre-existente en todo el suelo urbano de los Valdemarines (según el Plan General de 1985) sea la Ordenanza Colectiva Baja Densidad ó C.B.D. (pisos) modificada en el ámbito del Valdemarín Oeste (API 09.14)
  2.  La STS de fecha 15 de febrero de 2006 en casación condenó al Ayuntamiento de Madrid a reconocer en los Valdemarines un régimen urbanístico igual, sea la aplicación de la 8.1º.a, sea la Ordenanza C.B.D. (equivalente a la NZ 7.3º según el Plan General de 1997)
  3.  La STS de 27 de septiembre de 2011 condenó al Ayuntamiento a aplicar en el Sector de los Valdemarines bien la 8.1.a, bien la Ordenanza C.B.D, dictada porque el Ayuntamiento seguía incumpliendo el fallo judicial y el Tribunal Supremo (TS) volvió a declarar la igualdad debida.
  4.  La Diligencia de Ordenación de 19 de julio de 2012, notificado el 19 de julio de 2012, requirió al Ayuntamiento de Madrid  “a la mayor brevedad posible proceda a la inmediata ejecución de la sentencia firme dictada en este procedimiento, con la advertencia de atenerse a las responsabilidades que procedan conforme al artículo 112 de la Ley de la Jurisdicción, debiendo además comunicar a esta Sala la identificación de los responsables del cumplimiento de la sentencia y por ende de la ejecución de la misma. Asimismo, deberá abstenerse de realizar cualquier actuación o acto de planeamiento en el Sector de los Valdemarines que no sean necesarios par el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia”. Lo ordenado en la sentencia, es decir, la 8.1º.a (chalets), bien la Ordenanza de Baja Densidad (C.B.D.) equivalente al día de hoy según el PG 1997 a la NZ 7.3º (pisos)[1].
  5.  El Auto de 23 de noviembre de 2012 notificado el día 28 de noviembre de 2012, “Desestima el recurso de reposición interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid contra la diligencia de Ordenación de fecha 19 de julio de 2012 y en consecuencia confirma la misma en todos sus términos…”. Contra esta resolución no cabe recurso alguno.
  6. Por providencia del TSJ se ha notificado el 24 de abril de 2013 a las partes el requerimiento al Ayuntamiento de Madrid para que informe a la mayor brevedad posible a la Sala de lo CA. Sección de Ejecuciones y Extensiones de Efectos, (Ejecución de Títulos Judiciales núm. 155/201. PO 1335/97. Grupo I) sobre los trámites seguidos para la ejecución de la sentencia firme dictada en relación a la formulación de la modificación del Plan General a que se hace referencia en el documento de 29 de febrero de 2012 aportado por el representante de dicha Corporación Local.
  7. Por providencia del TSJ se ha notificado el 6 de junio de 2013 a las partes que se ha recibido escrito de entrada 10 de mayo de 2013 presentado por el letrado del Ayuntamiento de Madrid acompañado de Informe de los Servicios Técnicos de la Subdirección General de Planeamiento donde como conclusión indican: "se puede advertir que.... se está procediendo a la ejecución de las sentencias..."... ¡¡¡¡La realidad es que... no contestan a lo que están obligados, luego no están ejecutando realmente la sentencia!!! FALTAN DESPUÉS DE MAS DE SIETE AÑOS DE SER FIRME LA SENTENCIA
  • a) ¿La identificación de los responsables del cumplimiento de la misma? 
  • b) ¿Cual es la opción elegida por el Ayuntamiento, pisos (C.B.D./7.3º) ó chalets (8.1º.a)

 El Ayuntamiento de Madrid sigue sin cumplir la sentencia y deberá asumir las responsabilidades, en su caso.

Para no "seguir mareando la perdíz" como pretende el Ayuntamiento de Madrid. Abrimos una nueva entrada del blog con el título EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE LOS VALDEMARINES #STSM40



[1] Ver páginas 281 a 287 de las NNUU.

jueves, 22 de noviembre de 2012

135.000 esperanzas de vivienda frustradas.

EL AYUNTAMIENTO DE MADRID SE QUEDA SIN ARGUMENTOS PARA MANTENER UN PLAN URBANÍSTICO ILEGAL

El Tribunal Supremo (TS) desestima la aclaración de sentencia, solicitada por el Ayuntamiento de Madrid, por la nulidad de 22 desarrollos urbanísticos

No cabe lugar a duda de que un total de 22 desarrollos urbanísticos incluidos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid son nulos de pleno derecho. En un auto dado a conocer hoy (21 de noviembre de 2012), el Tribunal Supremo desestima la solicitud de aclaración del Ayuntamiento de Madrid y, por tanto, se reafirma en su sentencia. Ecologistas en Acción ha subrayado que son el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid los responsables de ejecutar el dictamen y se reserva el derecho a exigirlo por vía judicial.

El auto del 12 de noviembre fue notificado hoy a las partes, entre ellas Ecologistas en Acción. En el mismo se desestima la petición de aclaración del Ayuntamiento por lo que ratifica la nulidad de desarrollos como los de Arroyofresno, Valdebebas, Valdecarros, Los Berrocales o Los Ahijones.

A partir de ahora, el Supremo deberá remitir el expediente al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para que éste llame al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid a cumplir la sentencia. A partir de ese momento la administración contará con dos meses para ejecutarla de forma voluntaria. En caso de que no ocurriera en ese plazo, las partes interesadas, entre ellas Ecologistas en Acción, podrían reclamarlo. Todo ello según establece el artículo 104 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Por esta razón, Ecologistas en Acción ha solicitado reuniones con la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento doña Beatriz Lobón y con el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. Ambas administraciones son las responsables de la aprobación de un plan urbanístico ilegal y de haber permitido que miles de ciudadanos hayan invertido grandes cantidades de dinero en desarrollos urbanísticos anulados desde el año 2007.

Ecologistas en Acción reitera la necesidad de cumplimiento y, al mismo tiempo, trabajará por defender los derechos de aquellas personas afectadas y que desconocieran la situación real de los terrenos sobre los que pretendían construir sus viviendas.

Debe recordarse que el  PGOU aprobado en 1997 por el Ayuntamiento de Madrid declaró urbanizable un importante porcentaje de la superficie protegida del municipio. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sentenció en contra de plan en 2003, cuando Alberto Ruíz Gallardón estaba al frente del Ayuntamiento.

Gallardón seguía siendo alcalde y, por tanto, responsable, cuando en 2007 el Tribunal Supremo ratificó la sentencia, declarando la nulidad de 22 ámbitos en los que se preveía la construcción de 135.000 viviendas. El Ayuntamiento de Madrid -aconsejado por ASPRIMA (Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid)- y la Comunidad de Madrid aprobaron en 2008 una subsanación del plan general que intentaba eludir la ejecución de sentencia.

Ese mismo año un Auto del TSJM puso de manifiesto que la subsanación realizada no podía considerarse ejecución de sentencia, a pesar de lo cual el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid continuaron aprobando planeamientos de desarrollo y concediendo licencias en diversos sectores anulados.

Y, finalmente, el pasado  28 de septiembre, el Tribunal Supremo, declaró nula la subsanación y ratificó las sentencia de 2007 y de 2003. Miles de familias se ven afectadas por la irresponsabilidad de la administración municipal y la autonómica. Estas administraciones han pretendido legalizar lo que no era legalizable, han aprobado planes parciales e incluso han concedido licencias de edificación, a pesar de la inseguridad jurídica que podía provocar en las personas que han invertido en los sectores afectados.

sábado, 24 de marzo de 2012

La Prolongación de La Castellana (2ª Parte)

El Área de Planeamiento Remitido APR 08.03 "Prolongación de la Castellana" es una macro operación urbanística “compleja” que, en mi opinión, no goza de las garantías de tutela efectiva para asegurar que un ámbito de 3,2 millones de metros cuadrados de suelos públicos, situados en una de las zonas de la ciudad con mayor proyección de futuro económico, se desarrollará respetando las condiciones necesarias para la utilización del suelo de acuerdo con el interés general e impidiendo la especulación como obliga la Constitución Española en su Artículo 47. Más bien está sucediendo todo lo contrario unos pocos se están apoderando de las mayores plusvalías.

Como adelantaba en mi entrada al blog del Lunes 9 de enero de 2012, sería más conveniente decidir la resolución de la concesión inicial, sobre solo 0,61 millones de metros cuadrados (19,06%), dado los plazos transcurridos (+19 años), las numerosas irregularidades denunciadas por los afectados, las ilegalidades ya puestas en evidencia ante los Tribunales de Justicia (Casos WINKEL y TROME), las que quedan por resolver y la situación de crisis por las que el país atraviesa que la hacen de todo punto inviable e ilusoria.

El objeto de esta entrada y de otras que le seguirán, es aclarar estas razones, para contrarrestar al menos la opacidad que autoridades y medios convencionales están teniendo sobre la #OperacionChamartin desde sus comienzos y que, en suma, es un indicio más de la falta de tutela sobre la misma, del Consejo Rector del Consorcio Urbanístico, lo que deja como única alternativa ciudadana, si no se toman de inmediato las medidas adecuadas, la opción de ejercer la “acción pública” existente en el urbanismo.

Los datos que se reflejaran a continuación, son el fruto de muchos años de trabajo de los ciudadanos “afectados”, de una forma u otra somos tod@s afectados al faltar el interés general que nunca se justificó para prolongar la concesión inicial. Somos pues los ciudadanos los que soportamos a nuestras espaldas la enorme carga de la lucha contra la trama organizada de la #corrupciónurbanistica , ante la pasividad ó la falta de tutela de las administraciones responsables que, por decirlo de forma suave, han preferido mirar para otro lado con la excusa de tratarse de una operación privada, cuestión esta con la que no podemos estar de acuerdo.

Se trata de suelos públicos que en su mayoría un día fueron expropiados para atender el interés general y sobre los que sus antiguos propietarios o descendientes ostentan unos “derechos de reversión” en el caso de cambio de uso que contempla la Legislación de expropiación forzosas o bien de los nuevos “derechos de reversión urbanística” en el caso de plusvalías generadas por operaciones inmobiliarias lucrativas de las que se benefician ciertos “avispados” y “avisados” particulares recién llegados, ajenos a sus originales y legítimos propietarios a los que se les ha desprotegido[1], presionado o incluso despreciado públicamente, en algunos casos, con el objetivo de facilitar el apoderamiento de sus bienes o derechos por esos terceros “avispados”. Son varios los inmuebles en que esto ha quedado demostrado y muchos más los que están en curso de serlo. Este proceso sería más eficaz y rápido o no sería necesario si las autoridades competentes no hubiesen mirado para otro lado y hubiesen cumplido los mínimos protocolos legalmente exigibles.

Se nos podrá decir que lo que se ha hecho es todo “legal”, no voy a entrar en los terrenos de ese argumentación tan usada como patética, y falta de toda ética, que solo podemos encuadrar dentro de lo que es la trama urbanística madrileña con casos tan sonados como la esquina del Real Madrid, el convenio con el Atlético de Madrid, el Caso Aravaca, los #apartamentosturisticos , la privatización de la Funeraria, las recalificaciones de la M-40, la antigua Ciudad deportiva del Real Madrid, las recalificaciones del Estadio Vicente Calderón-Mahou, o recientemente los Convenios para la ampliación del Estadio Santiago Bernabéu o la penúltima recalificación de la Esquina[2] del Estadio Santiago Bernabeu que tanto está dando de sí, urbanísticamente hablando. Los fallos judiciales “firmes” que se han producido ya, no dejan lugar a dudas y quedan otros por salir y muchos más que saldrán cuando se ponga en marcha la acción pública.

Es innegable que, independientemente del azar de las causas legales, entabladas hasta la fecha, con mayor o menor éxito, por algunos de los reversionistas, se evidencia la existencia de un trato desigual[3] que atenta contra los más elementales principios que deben regir en una economía democrática del siglo XXI y esto es intolerable, si hay derechos deben ser concedidos a todos los que los acrediten y no solo a los recomendados, por mucho que esta recomendación sea política , de un alto funcionario o de quién tenga la posibilidad de interferir en la Operación, esto no es de recibo.

Todo lo que ha sucedido denota falta de tutela y existencia del amparo para ciertos privilegios. Falta de tutela que ha permitido la existencia de una trama organizada, al menos una ya está desvelada, que se ha dedicado durante años a la falsedad y la estafa según ha quedado probado en los Tribunales de Justicia[4] con el Caso WINKEL y sin que las autoridades municipales se hayan percatado de la misma o peor aún se hayan resarcido hasta la fecha, no nos consta que se hayan ejecutado cabalmente las sentencias, de los daños sufridos por el erario público que no olvidemos es nuestro, es decir de tod@s los madrileños.

Es curioso y llama la atención, el hecho de que ningún medio tradicional (a todos ellos se les ha hecho llegar la noticia por los vecinos) haya publicado la noticia del ingreso en prisión, tras habérseles negado el indulto por el Consejo de Ministros de fecha 01/07/2011[5] de los tres componen

lunes, 9 de enero de 2012

La Prolongación de La Castellana (1ª Parte)

Se trata de una de las operaciones urbanísticas más importantes de la ciudad de #Madrid que, en mi opinión, encubre una operación de "ingeniería financiera" favoreciendo los intereses de la burbuja del ladrillo. Se trata de un viejo proyecto pactado durante los mandatos del alcalde D. Juan Barranco y el presidente de la Comunidad D. Joaquín Leguina que ameritaría una profunda investigación "independiente".

En octubre de 1993 RENFE convocó un concurso para explotar y dotar de uso 610.000 metros cuadrados de terrenos ocupados por las vías de la estación de Chamartín. Unos días antes se había presentado el proyecto de Argentaria (hoy BBVA), elaborado por el arquitecto Ricardo Bofill ( #OperaciónChamartín ).

El 24 de junio de 1997 se constituyó el Consejo Rector del Consorcio Urbanístico denominado Prolongación de la Castellana de Madrid ( #ProlongaciónCastellana ) formado por el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad, el Ministerio de Fomento, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), y la empresa DUCH. El Consorcio se constituyó como un organismo de colaboración y coordinación entre las administraciones públicas territoriales con competencia en el ámbito, así como de tutela y supervisión de las operaciones a desarrollar, hoy ha sido disuelto y sustituido por las Juntas de Compensación. Ministerio de Fomento, Comunidad y Ayuntamiento de Madrid ejercen directamente la supervisión y tutela de las actuaciones en el ámbito de acuerdo con sus respectivas competencias.

Al día de hoy con la crisis existente, la operación no es viable. Se han generado unos activos tóxicos que están siendo soportados por los de siempre, y es más, nos tememos que la concordancia política actual entre las administraciones responsables y los intereses ya creados tratarán de hacer que la operación siga adelante, al menos sobre el papel (soportando los balances enfermos).

Es público y notorio, que las cargas urbanísticas asociadas al ámbito original ampliado a 3.120.658 metros cuadrados, son extremadamente superiores a cualquier otro desarrollo urbanístico[1], con un coste por cada metro cuadrado de superficie de 630 €, lo que supera en más de diez veces el coste normal de un proceso urbanizador[2].

Con el fin de compensar ese exceso de coste, las Administraciones públicas iniciaron una negociación que culminó en un acuerdo en el año 2002 con el incremento de la edificabilidad en un 75% de la propuesta inicial y la asunción del 29 % de las cargas urbanísticas por las Administraciones, liberando al resto de los propietarios de las mismas. Sin embargo, esta propuesta nunca pudo materializarse puesto que a raíz de las elecciones municipales y autonómicas del año 2003, sumadas a las elecciones generales del año 2004, cambiaron los titulares de las distintas carteras administrativas, lo que se tradujo en la revisión de los acuerdos alcanzados en el año 2002, proceso que culminó en el novedo

lunes, 2 de enero de 2012

Viviendas ilegales y derribo.

Marbella responderá penalmente si no derriba las vivienda ilegales http://t.co/OJLWC8XI -- jlazaro (@jlazaro)