lunes, 9 de enero de 2012

La Prolongación de La Castellana (1ª Parte)

Se trata de una de las operaciones urbanísticas más importantes de la ciudad de #Madrid que, en mi opinión, encubre una operación de "ingeniería financiera" favoreciendo los intereses de la burbuja del ladrillo. Se trata de un viejo proyecto pactado durante los mandatos del alcalde D. Juan Barranco y el presidente de la Comunidad D. Joaquín Leguina que ameritaría una profunda investigación "independiente".

En octubre de 1993 RENFE convocó un concurso para explotar y dotar de uso 610.000 metros cuadrados de terrenos ocupados por las vías de la estación de Chamartín. Unos días antes se había presentado el proyecto de Argentaria (hoy BBVA), elaborado por el arquitecto Ricardo Bofill ( #OperaciónChamartín ).

El 24 de junio de 1997 se constituyó el Consejo Rector del Consorcio Urbanístico denominado Prolongación de la Castellana de Madrid ( #ProlongaciónCastellana ) formado por el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad, el Ministerio de Fomento, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), y la empresa DUCH. El Consorcio se constituyó como un organismo de colaboración y coordinación entre las administraciones públicas territoriales con competencia en el ámbito, así como de tutela y supervisión de las operaciones a desarrollar, hoy ha sido disuelto y sustituido por las Juntas de Compensación. Ministerio de Fomento, Comunidad y Ayuntamiento de Madrid ejercen directamente la supervisión y tutela de las actuaciones en el ámbito de acuerdo con sus respectivas competencias.

Al día de hoy con la crisis existente, la operación no es viable. Se han generado unos activos tóxicos que están siendo soportados por los de siempre, y es más, nos tememos que la concordancia política actual entre las administraciones responsables y los intereses ya creados tratarán de hacer que la operación siga adelante, al menos sobre el papel (soportando los balances enfermos).

Es público y notorio, que las cargas urbanísticas asociadas al ámbito original ampliado a 3.120.658 metros cuadrados, son extremadamente superiores a cualquier otro desarrollo urbanístico[1], con un coste por cada metro cuadrado de superficie de 630 €, lo que supera en más de diez veces el coste normal de un proceso urbanizador[2].

Con el fin de compensar ese exceso de coste, las Administraciones públicas iniciaron una negociación que culminó en un acuerdo en el año 2002 con el incremento de la edificabilidad en un 75% de la propuesta inicial y la asunción del 29 % de las cargas urbanísticas por las Administraciones, liberando al resto de los propietarios de las mismas. Sin embargo, esta propuesta nunca pudo materializarse puesto que a raíz de las elecciones municipales y autonómicas del año 2003, sumadas a las elecciones generales del año 2004, cambiaron los titulares de las distintas carteras administrativas, lo que se tradujo en la revisión de los acuerdos alcanzados en el año 2002, proceso que culminó en el novedo

lunes, 2 de enero de 2012

Viviendas ilegales y derribo.

Marbella responderá penalmente si no derriba las vivienda ilegales http://t.co/OJLWC8XI -- jlazaro (@jlazaro)