lunes, 13 de marzo de 2017

SEMINARIO : Ordenación Territorial, ¿decisión administrativa o ciudadana?

Seminario organizado por el INSTITUTO PASCUAL MADOZ de la UNIVERSIDAD CARLOS III de Madrid, celebrado en la Sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en el Palacio de la Magdalena (Santander).

Intervención, 27 de Julio de 2006, de 16:30 h a 19:00 h

Movilización para la participación: el papel de la sociedad civil
Slogan: Participar, mjora tu klidad d vida … particip@ “

Por: Juan Manuel de Lázaro y Pérez-Toledo

Presidente de la Asociación de vecinos de Valdemarín, Monreal y Pardo de Aravaca  (Madrid) fundada el 25 de enero de 1991. Consultor independiente.

Introducción.- Desde la reciente experiencia de uno de los miembros de lo que se conoce como la Sociedad Civil, se llama la atención sobre ciertas desviaciones detectadas en algunas autoridades urbanísticas (AU) que apartan sus decisiones del interés general. Se analizan así algunos casos del urbanismo madrileño, por su resonancia y calado, poniendo en evidencia esas desviaciones. Se pregunta ¿cuales son los problemas y obstáculos para un urbanismo más sostenible?. En definitiva se trata de fomentar el debate con los participantes para consensuar ¿cuál debe ser la participación de la Sociedad Civil en una futura toma de decisiones? y se aportan algunas ideas o recomendaciones que puedan indicar la senda a seguir, en un futuro, para conseguir ciudades donde los habitantes se sientan cada vez más libres, más seguros, más cómodos y tratados como iguales, por haber sido, no solo informados, sino integrados y tenidos en consideración en la toma de decisiones.


1º.- Panorama:
¿Existe realmente Ordenación Territorial?

La Ordenación Territorial es la expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de toda la sociedad.” (Carta Europea de la Ordenación del Territorio, 1983)

En un Estado descentralizado y cada vez más complejo, como es el español, la distribución del territorio y por tanto su ordenación territorial está sometida a las competencias de los diferentes niveles de las administraciones públicas territoriales, en ocasiones hasta cuatro (municipal, provincial o insular, autonómico y estatal) a ello hay que añadir el obligado cumplimiento o transposición al ordenamiento jurídico territorial de unas novedosas Directivas (europeas) desde la incorporación de España a la Unión Europea (UE) en 1986.

La Ordenación Territorial (OT) está dirigida a la toma de grandes decisiones básicas condicionantes de la estructura del territorio y dirigida a la coordinación de las distintas y diversas administraciones. Por otro lado, a un nivel más preciso y cercano al ciudadano, nos encontramos con el Urbanismo (U) referido a la ordenación local del mismo territorio ya muy fragmentado, el cual tiene carácter y eficacia vinculante total no solo para la administración municipal competente sino también para los particulares.

En realidad a los ojos de los ciudadanos, nos encontramos ante un reparto de competencias urbanísticas territoriales, amparado en la Constitución del 78, que pone en manos de las administraciones municipales una gran facultad de reparto del poder económico del espacio, de muy difícil control, al no existir un órgano “ad hoc” conformado por ciudadanos externos a la propia gobernación municipal que participe o supervise las decisiones que les afectan y les vinculan, profundamente, por lo que en general no se sentirán muy involucrados. Más bien todo lo contrario, muchas veces se consideran tratados, no igualitariamente, o simplemente como súbditos.

Vivimos en una ciudad, trabajamos en ella, nos movemos, la disfrutamos o la sufrimos, según los casos y los momentos del día a lo largo de todo el año, pero ¿quién toma las decisiones vitales sobre la misma?, sobre ¿como debe ser cada uno de sus espacios?, ¿cuál será su uso cualificado?, ¿hasta que altura se construirá?, ¿cómo se delimitan los ámbitos de actuación?, ¿quién controla? …

El urbanismo provee las infraestructuras, los equipamiento, influye en el mercado de la vivienda, la congestión del tráfico y, ¿quiénes participan en esta toma de decisiones: autoridades, partidos políticos, propietarios de suelo, promotores, “gestores”, profesionales?, ¿dónde están los ciudadanos?. Es decir, los destinatarios finales de las múltiples viviendas, casi siempre inaccesibles para la mayoría, los que tienen que usar los espacios de trabajo o de ocio, moverse en el tráfico para ir a trabajar, o a disfrutar del descanso.

Realmente, es “desolador” contestar a estas y otras preguntas para aquellos ciudadanos que se han preocupado por corregir algunas “desviaciones” observadas en las políticas territoriales y en las decisiones urbanísticas, una vez superados los flamantes y mal llamados periodos de “información pública” (PIP). Para algunos un mero trámite administrativo que deben cumplir por imperativo legal.

“Porque aunque pueda ser legal, resulta de todo punto inaceptable que un
Proyecto que ocupa 22 tomos, de aproximadamente 300 páginas cada uno,  lo que hace unas seis mil seiscientas páginas en formato A-3, contenidos en
tres pesados cajones de madera que superan los 140 kilos de peso, y que ha
costado varios años de estudios previos, se exponga durante un sólo mes
(plazo mínimo previsto en las directivas europeas), con el agravante de que
dicho mes coincide con el periodo de Nochebuena, Navidad, Fin de Año y Día de Reyes; fechas en las que tradicionalmente los ciudadanos disponemos de poco tiempo libre.”

 (PIP del Nuevo Acceso Ferroviario al Norte y Noroeste de España, publicado en el B.O.E. del 24 de diciembre de 1997.
Alegación presentada por una agrupación de 8 ayuntamientos de la Sierra Norte de Madrid.)

Se puede salir informado de los mismos, sí, pero muchas veces sería mejor no hacerlo, pues el ciudadano descubre, que se encuentra ante una serie de decisiones administrativas de corte generalmente autoritario y, muchas veces, en las que se vulnera el principio de igualdad, sin ninguna razón justificativa.

Es muy difícil, sino imposible, conseguir la razón a la lógica ciudadana (la del sentido común), que no tiene siempre porque coincidir con la legal (basada en un cúmulo incompresible de leyes, normativas, etc, variables con el tiempo político) ante las autoridades administrativas o judiciales, y aunque a veces, a fuerza de tesón y el esfuerzo de algunos pocos se consiga, los “hechos consumados” han hecho ya su efecto.

En la mayoría de los casos, ¿qué juez se atreve a restituir a la situación anterior, ante la aparente buena fe de los ciudadanos beneficiados por los mismos? o en las ocasiones que sí, se consigue la razón, ha trascurrido tanto tiempo que la propia administración municipal ha sanado el “error” valiéndose de los mecanismos que su propia competencia le otorga y, todo ello sin el menor reparo o pudor[1]. La dinámica del “pelotazo” se impone, ante los ojos de los ciudadanos que observan atónitos como los burladores de la legalidad obtienen su beneficio en detrimento del interés general.

La reciente Operación Malaya, en Marbella, ha disparado la alarma social o al menos la atención hacia este problema de una parte de la ciudadanía. ¿Cómo es posible que se hayan podido construir, dicen que más de 30.000 viviendas fuera de la legalidad, sin que nadie se enterase?, ¿dónde estaban las autoridades urbanísticas? ¿y las judiciales?, acaso ¿no había denuncias, por parte de los ciudadanos?, ¿no habían sido elegidos democráticamente los alcaldes?, ¿se atreverá algún Juez a restituir a la situación anterior?, preguntas todas ellas de difícil respuesta.

Sin embargo, estos acontecimientos y/o actitudes no son nada novedosos, anteriormente otras operaciones urbanísticas, de gran calado, han llamado la atención de los ciudadanos y han sido o están siendo sometidas al control de las autoridades superiores (judiciales, y/o de la Unión Europea) si bien el resultado final vuelve a ser bastante desesperanzador, al menos para los ciudadanos conscientes de lo que está sucediendo.


2º.- Casos recientes:
Vamos a citar algunos casos para suscitar el debate posterior del público asistente.

ü  Recalificaciones por la M-40 en Valdemarín y últimas Sentencias de Casación. El triunfo de los ciudadanos.
ü  Los apartamentos “turísticos” o la picaresca compartida (ver fotos).
ü  La Operación Chamartín, hasta hace poco la “Ampliación de La Castellana”, y ahora el “proyecto Chamartín”, donde todavía estamos a tiempo.
ü  La Operación Ciudad Deportiva del Real Madrid (CDRM), un cúmulo de infracciones, que nunca termina.
ü  El acceso Ferroviario al Norte y Noroeste de España o el triunfo final de la lógica ciudadana.
ü  Las Obras de Reforma de la M-30, ahora la “Calle M-30”, y la falta de la preceptiva evaluación de impacto ambiental. ¿Quién paga las sanciones por infracciones?

Los rasgos característicos de estas singulares operaciones son:

v siempre hay una excusa que justifica la actuación: la M-30, la M-40, una reordenación urbanística, una candidatura olímpica.
v “chocantes” compra-ventas, previas y/o posteriores, en cascada y operaciones mercantiles que sólo caben en la mente del que sabe lo que va a suceder.
v tramitaciones administrativas, altamente sofisticadas y aceleradas, fuera del alcance del ciudadano (que debe soportar una lenta burocracia)
v se generan grandes “plusvalías”, para particulares en detrimento del interés general.
v los propietarios o sociedades involucradas, están participadas por empresas constituidas, en “paraísos fiscales”, o mediante “testaferros”, o son de carácter semi-público.
v intervienen personas “relevantes” (administradores, registradores, notarios) simpatizantes del grupo económico, político u organización favorecida.
v funcionarios de segundo nivel, realizan informes basados en ordenes jerárquicas y no en su opinión independiente, o actúan con funciones delegadas. Estos mismos funcionarios, cuando terminan su función pasan de lo público a lo privado dentro de la esfera de los grupos favorecidos, sin ningún pudor o se convierten en asesores o gestores.
v son “discordantes” con el entorno (donde había vivienda unifamiliar se levanta una edificación colectiva, donde sólo se permitían tres alturas se pasa a ocho, donde era una zona verde o protegida se permite urbanizar, los arroyos en su zona de servidumbre se convierten en zonas deportivas privadas o se tapan y se construyen, etc.)

Estos “tratos de favor” violando el principio de igualdad, por parte de las autoridades urbanísticas, no son concebibles sin pensar en la existencia de una “trama organizada” para favorecer ciertos intereses, que no son los generales que ampara la Constitución. No es de extrañar por tanto que los ciudadanos se sientan alejados y asqueados de todas estas políticas.

Pasemos ahora a analizar, aunque sea someramente, algunas de las desviaciones observadas en estos casos del urbanismo madrileño o de la ordenación del territorio (estatal).


2.1.- Los apartamentos “turísticos” o la picaresca compartida.
Veamos la problemática actual de los mal llamados apartamentos turísticos, al día de hoy, todos ello “fuera de ordenación”, o sanados por la propia ADMINISTRACIÓN URBANÍSTICA (AU) que sólo en el ámbito de Valdemarín, son los siguientes:

·      “El Mirador Real”, c./ Viñas del Pardo 2 y 4 en Urbanización Monreal.
·      “El Rincón del Pardo”, Avda. Valdemarín, 42 c/v a c./ Valdelinares,
·      “El Pardo de Valdemarín”, c./ Darío Aparicio, s/n
·      “El Hipódromo”, c./ Tapia de Casariego, 10 c/v Dario Aparicio y Avda. Valdemarín.

Se originan por un decreto[2] de la  AU, que se puede interpretar como una forma encubierta de obviar las Normas Urbanísticas (NNUU), que impedían la construcción de vivienda colectiva en la zona, favoreciendo intereses particulares. Este discutible e irregular decreto, ha dado lugar a numerosos fraudes de Ley, al permitir la AU su uso como vivienda permanente, inclusive su segregación y venta. Una vez constatadas las dificultades por las numerosas denuncias y pleitos surgidos de esta picaresca, a la administración no le quedó otra salida que suspender la concesión de licencias.

Otro decreto, de fecha 14 de Enero de 1994, estableció las condiciones a cumplir por los titulares de licencias de nueva edificación, relativas al uso de hospedaje, exclusivamente en la categoría de apartamento para turistas (epígrafe 663 de la CNAE), previas a la concesión de la Licencia de Funcionamiento.

Estos requisitos son :
  1. Inscripción en el Registro como uso de hospedaje.
  2. Justificante de que la gestión se realizará bajo una sola unidad empresarial.
  3. Justificante de la clasificación turística expedida por la Dirección General de Turismo de la CAM.
  4. Alta en el Impuesto de Actividades Económicas.

A pesar de todo ello, los apartamentos turísticos han venido funcionando como viviendas permanentes, sin cumplir dichos requisitos en claro fraude de Ley, ante la pasividad de la administración urbanística. Es obvio que para el aparente propietario, en “buena fe[3], de estas viviendas, los requisitos no son fáciles de cumplir. La incógnita pendiente es si la administración urbanística y/o de justicia (trabajo para la nueva Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo) debe girar la cabeza sobre este caos, permitiendo su legalización con el consiguiente premio para los infractores, o más bien proceder al restablecimiento de la situación anterior a la vulneración.


2.2.- Recalificaciones por la M-40 en Valdemarín[4] y últimas Sentencias de Casación, o el triunfo de los ciudadanos.
Desde el año 1995 comienzan a detectarse “desviaciones” de las administraciones urbanísticas madrileñas en su toma de decisiones respecto al planeamiento territorial y urbanístico con motivo del cierre norte de la M-40[5] y otras actuaciones. Desviaciones que dan origen después de numerosas denuncias, sin efecto, a un variado abanico de pleitos, que han podido ser mantenidos gracias a la ayuda desinteresada de algunos ciudadanos y de ciertas organizaciones, sin las cuales esta lucha hubiera sido imposible.

Las preocupaciones actuales de los miembros de la Asociación de Vecinos (AV) que represento, están centradas en conocer ¿cuál será la posición del Ayuntamiento?, respecto a las últimas sentencias obtenidas en relación a ciertas decisiones urbanísticas “erróneas” que viene a dar la razón a los vecinos en su lucha histórica por defender el Principio de Igualdad.

  • Si el Ayuntamiento, ¿piensa ejecutar la Sentencia del Recurso de Casación 6210/2002, de 16 de abril de 2006, promovida por una vecina de Valdemarín, relativa a Valdemarín y a Monreal (obliga a una igual ordenación para toda la zona de Valdemarín: 8.1.b / C.B.D. e igual ordenación para toda la urbanización Monreal: 8.1b / 8.2.a)?
  • Si el Ayuntamiento, ¿piensa ejecutar las próximas Sentencias de Casación, en el mismo sentido, derivadas de los Convenios de Adjudicación y compra de parcelas por el cierre de la M-40[6], promovidas por varios propietarios de la Urbanización Monreal (igual ordenación para toda la urbanización: 8.1b / 8.2.a)?
  • La Problemática del APE (09-24) una sentencia del Tribunal Superior de Justicia[7]  (TSJ) ha anulado el acuerdo de pleno del Ayuntamiento de Madrid que aprobó el proyecto de bases y estatutos de la Junta de Compensación (unión de propietarios de suelo que urbanizan la zona), por ser contrario al ordenamiento jurídico. Con esta sentencia todas las actuaciones llevadas a cabo por la junta son nulas de pleno derecho. Se debería anular una singular expropiación[8], ya efectuada, y las obras de urbanización “ilegales” de la zona. Existe preocupación por el apoyo a la política de “hechos consumados” de los promotores inmobiliarios. Lo curioso es que toda la actuación se origina en un relleno “ilegal” de tierras procedentes del vaciado de la construcción de la M-40, que no fueron llevadas a vertedero, sino que se emplearon en rellenar una “vaguada inedificable” y protegida por su valor natural en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1985 (PG’85) y sin que las numerosas  denuncias vecinales sirvieran para nada.

Por el momento no sería prudente de parte de la AV hacer pronósticos al efecto, por lo que  se mantendrá una actitud prudente, de espera y de confianza en la administración urbanística madrileña hasta su toma de decisiones final que, en nuestra opinión, deberá partir del respeto a la ley, al principio de igualdad o de equidad debida, y evitando que se acentúen los agravios comparativos que deberán ser eliminados aplicando la máxima de “igual zona, igual ordenación, para todos”. Todo ello para evitar nuevos litigios.


2.3.- La Operación Chamartín, hasta hace poco “Ampliación de La Castellana” y a partir de ahora el “proyecto Chamartín”, donde todavía estamos a tiempo. 
Se trata de una de las operaciones urbanísticas más importantes en la Unión Europea (UE), que se ha dejado hasta ahora en manos de la especulación inmobiliaria, sin contar con la opinión de los ciudadanos, eludiendo la información pública que toda modificación de un Plan General (PG) exige[9], así como los estudios de impacto ambiental preceptivos[10] y saltándose la normativa existente como, entre otras, la falta de realización de un segundo concurso público cuyo objeto debería atender a la nueva zona de ordenación urbanística establecida por el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 (PG´97) y otras “irregularidades” (las denuncias de ciudadanos afectados, sobre fincas irregulares en el Registro de la Propiedad, son tan numerosas que no pueden ser objeto de esta intervención)

Según el PG’97 la "Operación Chamartín" se corresponde con el ámbito definido por el APR 08.03 "Prolongación  de la Castellana". La superficie total de la zona, es de 3.120.000  metros cuadrados. Se había establecido en el PG, para esta operación  urbanística un 0,60 de edificabilidad, que el ayuntamiento  ha ido aumentando hasta por encima del 1 m2/m2, al menos hasta ahora, se trata por tanto de una modificación sustancial.

El ministerio de Fomento acaba de presentar, el 13 de julio de 2006, el nuevo “proyecto Chamartín”, hasta el momento bloqueado por diferencias insalvables entre las administraciones urbanísticas y los agentes intervenientes en el proceso. La ministra anunció que ha cerrado el acuerdo con los “gestores” de los derechos del suelo que en su día tenía RENFE (Duch) tras dos años de negociaciones. Al parecer la AU no está conforme con el acuerdo, una vez más se impone el interés político sobre el general. Todo apunta a mayores índices de edificabilidad para poder contentar a todos, aunque falta todavía la decisión final del planeamiento por parte de la AU (Ayuntamiento y Comunidad) y no hay que olvidar que el alcalde tiene paralizada la reforma norte de la circunvalación de la M-30, su obra estrella, porque el “proyecto de Chamartín” está bloqueado. Mientras tanto los ciudadanos no cuentan para nada en estas decisiones sobre la mayor operación urbanística de España y una de las principales en Europa en la zona norte de Madrid. Esta vez al menos, sí habrá periodo de IP, y Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), esperamos.


2.4.- La Operación Ciudad Deportiva del Real Madrid (CDRM), un cúmulo de infracciones que nunca termina.
El inusitado y rápido proceso de gestación administrativa de esta sorprendente operación se resume a continuación:

Þ   07/05/01. – Firma del Convenio Urbanístico.
Þ   08/05/01. – Gerente de Urbanismo ordena tramitar Modificación Puntual (MP)
ü  11/05/01. – Informe de la Sección Jurídica favorable a la MP (Antonio Pastor Toro)
ü  11/05/01. – Secretario General (Paulino Martín Hernández) envía a Pleno para aprobación y PIP
ü  14/05/01. – Memoria favorable por los Jefes de Secciones (Fernando Pastor Seco, José María López del Castillo) y de la Directora de Servicio (Sara de la Mata Medrano). Posterior a su envío al Pleno por el Secretario.
ü  16/05/01. – La Directora de Servicio da cuenta a la Comisión Informativa de Urbanismo.
ü  16/05/01. – V.º B.º del Gerente de Urbanismo (Luís  Armada Martínez Campos)
ü  16/05/01. – V.º B.º del Concejal de Urbanismo (Ignacio del Río García de Sola)
ü  23/05/01. – Dictamen favorable de la Comisión Informativa, con el voto en contra del grupo municipal del PSOE.
ü  30/05/01. – El Concejal de Urbanismo propone su aprobación.

Þ   31/05/01. – Aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno.

Þ   09/07/01. – Expediente entra en el Registro de la Comunidad de Madrid.

ü  25/10/01. – Aprobación provisional por el Ayuntamiento.
ü  31/10/01. - El Director General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente (Ignacio López-Galiacho Perona) informó favorablemente del Proyecto, sin estudios medioambientales de ningún tipo.
ü  03/12/01. - Aprobación definitiva de la MP cuya competencia correspondió al Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (Luís Eduardo Cortés) de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM)

Es decir, en apenas dos meses se aprueba inicialmente por el ayuntamiento una operación de reordenación urbanística, en una zona donde ya la ciudad se encuentra colapsada con la edificabilidad agotada, y en menos cinco meses se obtiene la definitiva de la comunidad. Es notorio el cúmulo de “irregularidades” de esta tramitación, puestas en evidencia inclusive por las propias autoridades interventoras del ayuntamiento[11] y, la pasividad de la AU.

Hay que destacar que:

a)  Las alegaciones[12] presentadas por la “Asociación de vecinos de las colonias de Valdemarín, Monreal y Pardo de Aravaca”, el 24 de julio de 2001, y otras organizaciones de la SC, al menos 58 se conocen, al PIP no han tenido ninguna respuesta.

b)    El informe sobre LA NUEVA ORDENANZA SOBRE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA y la OPERACIÓN CIUDAD DEPORTIVA DEL REAL MADRID, de fecha 21 de enero de 2002, realizado por el autor y enviado a la administración urbanística y de justicia no ha tenido ninguna respuesta hasta la fecha.

c)  El recurso Contencioso Administrativo (C-A) seguido a instancia del Colectivo de Funcionarios “Manos Limpias” contra la AU madrileña por la CDRM, Procedimiento Ordinario 055/2002 del TSJ Sala de lo CA Sección 1ª, esta pendiente de Sentencia, al día de hoy

d)  El recurso C-A seguido a instancia de la “Asociación para la Defensa del Estado de Derecho” (ADED), Procedimiento Ordinario 063/2002 del TSJ Sala de lo CA Sección 1ª, está pendiente de Sentencia.

e)     El dictamen motivado enviado al Estado español de fecha 19 de diciembre de 2002, (ver nota 10 anterior) hasta la fecha no ha tenido ningún efecto. Caso C-332/04 de la Unión Europea.

f)     Existe una colisión de intereses, ya que el letrado defensor del Real Madrid es la misma persona que ha emitido el DICTAMEN que obra en el expediente de aprobación definitiva del proyecto CDRM[13].

g)     El Consejo de Ministros, del 5 de diciembre de 2003, aprobó un Real Decreto por el que se modificaba el Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas, y el Decreto 1844/1975, de 10 de julio, para regular excepciones a los límites establecidos por las superficies limitadoras de obstáculos alrededor de aeropuertos. Gracias a este RD el ayuntamiento dispuso de un cauce legal, una reducción de las afecciones derivadas de las servidumbres aeronáuticas, lo que ha permitido salvar uno de los últimos obstáculos a la Operación[14].

Hay que destacar que cuatro Torres, de gran altura, comienzan ya a sobresalir sobre el cielo de Madrid, convirtiéndose próximamente en un nuevo hito de la arquitectura madrileña, recordándonos viejos tiempos como cuando se erigió la Torre de Valencia de telón de fondo de la Puerta de Alcalá.


2.5.- El acceso Ferroviario al Norte y Noroeste de España o el triunfo final de la lógica ciudadana.
La lamentable historia del Estudio Informativo (E.I.) del conocido como Tren de Alta Velocidad (TAV) a Valladolid, se resume a continuación:

Fechas Organismo Acción
xx-05-88 D.G.I.T.F. E.I.A. del Nuevo Acceso redactado por INECO
yy-07-88 D.G.I.T.F. Anteproyecto del Nuevo Acceso por INECO
zz-03-91 D.G.I.T.F. Estudio de alternativas de trazado por INOCSA
04-03-94 Consejo Ministros Aprueba el Plan Director de Infraestructuras (PDI)
11-11-95 D.G.I.T.F. Convoca concurso de A.T. para E.I. Nuevo Acceso
21-12-95 Parlamento Refrenda el Plan Director de Infraestructuras (PDI)
29-02-96 D.G.I.T.F. Contrato con INOCSA para E.I. Nuevo Acceso
10-05-96 Real Decreto Se suprime el centro directivo D.G.I.T.F.
23-05-97 Real Decreto Se reorganiza la estructura orgánica (G.I.F.)
24-12-97 BOE Se saca a información pública sólo un mes el E.I.
28-02-98 Ciudadanos (SC) Presentan 6700 alegaciones al E.I.

Después de un plazo de 10 años y una inversión en estudios de más de 800 millones  de las antiguas pesetas (4,8 millones de euros) los resultados no podían ser más descorazonadores para los ciudadanos que acudieron al PIP en diciembre de 1998.

  • No se conocía el trazado definitivo
  • No se conocía el punto de paso por la Sierra de Guadarrama
  • No se sabía si se haría un túnel con dos circulaciones o un doble túnel con o sin galería de servicio. Tampoco la sección estaba definida
  • No se conocía con detalle el terreno a perforar (composición y disposición)
  • No se sabía, ¿cuanto costaría?
  • Se ignoraba, ¿cuanto durarían las obras?
  • Sólo se sabía que salía de la Estación de Chamartín y que pasaba por Segovia

Algunas de las 6.700 alegaciones presentadas por la SC durante el proceso de IP solicitan entonces:

a)     Que se corrijan las deficiencias observadas en el proceso de IP.
b)    Que se desechen todos los trazados que atraviesen la Sierra Norte de Madrid que debe ser preservada por su alto valor ecológico.
c)   Que se estudien nuevas alternativas del trazado más al Oeste, siguiendo la orientación natural (línea Madrid.-Ávila-Valladolid), atravesando en todo caso las zonas naturales de la Sierra por medio de un túnel de gran longitud.
d)    Que se considere, la alternativa en túnel único por el Valle del Lozoya, dadas sus ventajas: no afecta a ninguna área de interés, se reducen en 4,83 km. los viaductos, en 43,3 km. el recorrido, supone una menor ocupación del territorio, una menor afección medioambiental, un menor tiempo de viaje y menos expropiaciones.
e)     Aprovechamiento del material procedente de la excavación de los túneles.
f)   Que se revisen los procedimientos de contratación, dadas las deficiencias graves observadas en el mismo.

El 3 de marzo de 1998, el Ministro anuncia públicamente que se descartaba el trazado del TAV por los Valles de Lozoya y de Canencia (Sierra Norte de Madrid). La movilización ciudadana encabezada por las propias administraciones municipales afectadas conseguía así que se “enderezara” una decisión de planeamiento territorial posiblemente equivocada.

Al día de hoy ya ha concluido la excavación, en la sierra del Guadarrama, de los dos túneles paralelos de 28,4 kilómetros de longitud que canalizarán la línea ferroviaria de Madrid-Segovia-Valladolid, tras casi tres años de trabajo y una inversión de 1.219 millones de euros. Son los quintos túneles más largos del mundo y representan un "avance decisivo" en la comunicación ferroviaria del cuadrante Norte-Noroeste español. Esta vez, sí, mereció la pena la  lucha y los ciudadanos se pueden sentir orgullosos del esfuerzo titánico realizado.


2.6.- Las Obras de Reforma de la M-30, ahora la “calle 30 MADRID”, y la falta de la preceptiva evaluación de impacto ambiental.
Consideraciones preliminares:

o   El 40% del total de emisiones de CO2 se produce en las ciudades, y más del 50% de las mismas se atribuyen al tráfico urbano. La reducción de las emisiones en las ciudades es un factor clave para poder alcanzar los objetivos adoptados en Kyoto[15] ante el cambio climático.
o   La emisión de ruidos y las vibraciones se han convertido con el tiempo en uno de los contaminantes atmosféricos más preocupantes  de la ciudad de Madrid, considerada una de las más contaminadas del continente por el tráfico urbano.
o   Se hecha de menos políticas de disminución de la congestión generada por el tráfico rodado en la M-30, mediante políticas encaminadas a estimular el transporte público, y extraña que sin embargo se haya optado por facilitar el aumento de la capacidad de esta vía ya de por si muy congestionada.

Se había solicitado durante el periodo de IP (BOCM de 26 de abril de 2004):

a)     Prolongar plazo del periodo por las dificultades encontradas.
b)  Llevar a cabo EAE (preceptiva en breve plazo por la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y transpuesta, finalmente el pasado mes de abril de 2006)
c)     Ídem la EIA de obligado cumplimiento en nuestra opinión y en la de la UE.
d)   Tener en cuenta el Texto del Dictamen motivado que la Comisión de la Comunidad Económica Europea dirigió al Reino de España el 19 diciembre de 2002[16].
e)  Alternativamente estudiar el posible soterramiento M-30 en la zona Noroeste de Madrid.

Todas ellas sin eco en la AU.

Los eurodiputados que visitaron Madrid, recientemente, para revisar el alcance de las obras de la M-30 han presentado en el Parlamento Europeo las conclusiones de su visita a la capital española, y se han mostrado incrédulos ante los intentos de las autoridades municipales y autonómicas de Madrid para restar importancia a las obras de reforma de la M-30 (ver Fotos de la M-30) y no estimar necesario una evaluación de impacto ambiental.

Como "una infraestructura urbana inmensa con gran impacto ambiental para los ciudadanos de Madrid y de los alrededores, porque no se trata de mejorar calles de la ciudad", aunque según ha reconocido, "políticos y funcionarios trataron de convencernos de eso" (eurodiputado irlandés Proinsias de Rossa)

"Lo que vimos fue una autopista de las grandes". “La envergadura del proyecto requiere la aplicación de la legislación europea" (eurodiputada danesa Margrete Auken)

Por último citaremos sólo algunas cifras de la “calle 30 MADRID”:

ü  Presupuesto previsto: 3.900 millones de euros (650.000 MPtas)

ü  S./BOE del 6 de octubre de 2005, la adjudicación de la gestión de la M-30 es de 8.775.174.694,34 € (1.460.066.216.690 Ptas)

ü  En una autovía de 32 km de longitud se van a gastar más de billón y medio de pesetas, es decir 9.015 millones de euros (a 3.005 € por madrileño)

ü  Financiación aparte (+3.000 millones de euros)


3º.- Problemas:
¿Cuáles son los principales problemas de la práctica urbanística actual?. Son de sobra conocidos y el diagnóstico ya ha sido detectado por los estudiosos del tema. Nos limitaremos a relacionar los más importantes.

Ø  Las decisiones urbanísticas se han convertido en una fuente de financiación para la administración urbanística y otros grupos que buscan un beneficio que no es el general.

Ø  La investigación de las corrupciones urbanísticas y económicas está en sus inicios.

Ø  Existe una amplia sofisticación en los medios empleados por los delincuentes de guante blanco.

Ø  Las recalificaciones o reordenaciones, están amparadas por la propia administración municipal y ratificadas por la administración autonómica, la mayoría de las veces, lo que hace muy difícil su persecución legal.

Ø  La acción de la Justicia es muy difícil y además esta no goza de medios, mucho menos de los medios especializados para este nuevo tipo de delincuencia.

Ø  El principal problema es la falta de voluntad política de las administraciones urbanísticas, para dar prioridad a los objetivos sociales y al interés general, mediante los recursos, las políticas y, la información necesaria y accesible al ciudadano.

Ø  La falta de participación activa de la ciudadanía completan el círculo.

Si se conoce el problema, ¿porqué no se toman soluciones?


4º.- Obstáculos:
¿Cuáles son los principales obstáculos?

  • No hay transparencia. El ciudadano tiene derecho a recibir información transparente sobre la tramitación de todas las decisiones urbanísticas[17]. La exposición completa de los procesos, procedimientos y supuestos implicados en las decisiones urbanísticas resulta esencial para su confiabilidad.
  • Faltan medios. Se confunden las prioridades.
  • No hay personal especializado en la administración de justicia para controlar determinados aspectos.
  • La insuficiente conciencia de los ciudadanos. Los ciudadanos deben estar conscientes de que deben ser más exigentes y no dejar que les traten como súbditos por parte de la administración. Falta de compromiso y de participación activa del sector privado y de los particulares.
  • Hay una amplia tela de araña, de intereses empresariales, gremiales, personales y políticos, tejida sobre la corrupción urbanística.
  • No se promueve el entendimiento, ni el apoyo de la comunidad por conducto de las organizaciones de la Sociedad Civil (SC), ni de los medios, ni de la Sociedad de la Información (SI).
  • La “inadecuada” aplicación de los artículos, la “tardanza” e “incorrecta” transposición, a veces “voluntarista” o “errónea”, de las Directivas europeas[18].


5º.- El papel de la Sociedad Civil:
¿Cuál debe ser el papel de la SC en las decisiones urbanísticas?

El derecho fundamental de asociación[19], está reconocido en el artículo 22 de la Constitución y como medio de participación en las decisiones sobre políticas territoriales y urbanísticas, ningún poder público puede obviarlo. El propio Comité Económico y Social de la UE en su Dictamen de 28 de enero de 1998, recordaba la innegable importancia que para la conservación de la democracia tienen las asociaciones o las diversas organizaciones que componen la SC.

El debate sobre el papel de esta ha sido siempre una mezcla de intereses académicos, prácticas políticas y construcciones simbólicas, sin embargo existe otro debate que interesa más a la ciudadanía y es, ¿cuál debe ser la relación que debe forjarse desde la administración con los ciudadanos, organizaciones y movimientos sociales, para conseguir una política territorial y un urbanismo más sostenibles?

Es evidente que los partidos políticos, enfrentan serias dificultades estos días para representar y agrupar los intereses sociales, más bien parecen estar envueltos en unas dinámicas que responden básicamente a los dictados y expectativas de sus élites dirigentes. El ciudadano solo importa en las encuestas para los sondeos de opinión, especialmente ante la proximidad de las urnas. Algunos comenzamos a estar desencantados con la forma de hacer de algunos políticos que forman el ancho arco parlamentario (derechas e izquierdas, todos incluidos). Las actuaciones poco claras de políticos y miembros de la administración, les llevan a su cuestionamiento público, con lo cual la credibilidad del hacer político y público está muy deteriorada.

Aparecen así, las organizaciones de la sociedad civil como agrupaciones, en general pequeñas, con equipos de trabajo de pocas personas, con una estructura horizontal, con un gran aporte de esfuerzo individual (generalmente desinteresado de algunos de sus miembros), con intereses claros de intervenir en lo público o incidir en las políticas que les afectan más directamente (decisiones urbanísticas, ordenación del territorio, medio ambiente) por parte de los individuos del grupo.

Dada la naturaleza altruista de los fines y la limitación de sus recursos económicos y humanos, estas organizaciones necesitan de los medios de comunicación para hacer su trabajo. Aun cuando seas una organización pequeña, si tienes mucha presencia en los medios, tienes un grado de legitimidad porque tienes un espacio en la esfera pública. Los movimientos sociales tratan de convertir así sus acciones en “noticias” de los medios de comunicación (ver fotos Interviú, Pancarta) con el objeto de llamar la atención sobre la ciudadanía.

Sin embargo, salir en los medios es fácil, lo difícil es mantenerse. Una persona puede salir en prensa, puede sacar información en un momento determinado porque le ayudó la coyuntura, el tema político, la posición de un medio en un momento determinado, o simplemente la presencia de un personaje singular involucrado; el asunto es cómo mantener la presencia pública de manera sistemática y no perder la atención de los ciudadanos.

La reciente aparición en escena de los medios de prensa gratuitos es un nuevo fenómeno que amplía el abanico de posibilidades para los ciudadanos que gracias a los mismos comienzan a leer la prensa masivamente a diario. Los medios sin embargo, efectúan dos claros recortes de la realidad pública: uno se refiere  a la elección de los acontecimientos a cubrir, otro, al modo que se presentan o jerarquizan estos acontecimientos.

Otros medios de comunicación en la actual Sociedad de la Comunicación facilitan de forma menos condicionada el intercambio de ideas haciendo posible el acortamiento de las distancias, manteniéndonos vinculados al resto del mundo. Ahora disponemos de más fuentes de información, más sofisticadas y de un más amplio espectro, por lo que comienzan a utilizarse cada vez con mayor frecuencia e intensidad nuevos elementos: Internet con las páginas Web, correos electrónicos, mensajes SMS, mensajes MMS, iChat, chat, foros, Messenger, Skipe-out, Gizmo Project, personal blogs, videoconferencia, SIG, redes Wifi ciudadanas, etc.

El PDA, el móvil y el portátil, se han convertido en elementos indispensables en la vida de los ciudadanos, sin embargo todavía queda mucho camino por recorrer para hacer esos medios fácilmente accesibles a todos los ciudadanos.

Las conexiones de banda ancha (ADSL) en España son un 25% más caras que en el resto de Europa y las de los móviles (USTM) especialmente las de itinerancia (“roaming”) todavía no permiten su uso extendido e intensivo. El corregir las tarifas y hacerlas más igualitarias es una función pendiente de los poderes públicos y de la propia UE, si se quiere conseguir la igualdad entre todos los países de la UE.

Las organizaciones de la SC son agrupaciones mediadoras mientras respondan a las necesidades, y expectativas de la sociedad en su conjunto o de algunos sectores de ésta. A través de diversos mecanismos (estudios, campañas, acciones en la calle, Internet, etc.) se colocan en el debate público y permanecen en él. Cuando alcanzan los objetivos o desaparecen los motivos por el que surgieron, las SCs se diluyen o quedan en espera de nuevos motivos de resurgimiento.

Ocasionalmente sirven de voz a información delicada procedente de miembros de la propia administración pública que por su rectitud no se consideran representados en la toma de ciertas decisiones, como hemos podido comprobar  en ocasiones. Sin esta singular acción, posiblemente, algunos casos sonados hubieran quedado ocultos.

Por otro lado, por qué no decirlo, los propios partidos políticos y las empresas, a veces se disfrazan de organizaciones de la misma SC para amparar sus propósitos, con fines de dudosa explicación aunque vengan avalados por campañas publicitarias y al amparo de personajes de notable eco mediático que prestan su imagen, a cambio, ¿quién sabe, de que contrapartidas?.

La función del conjunto de organizaciones de la SC, que de por sí es de mediación y de cooperación, se ayuda así de las complicidades dentro del propio sistema, o se defiende del mismo, y finalmente apela a las estrategias de comunicación, especialmente haciendo uso de los medios masivos, y de la SI como vía para intervenir en lo público y defender el interés general.

Al organizarse los ciudadanos se hacen más fuertes y eficaces para hacer llegar sus opiniones a las administraciones públicas. Sin embargo sus limitaciones son muchas y su apoyo desinteresado desde la administración y de las empresas, todavía limitado, por lo que deberemos esforzarnos por encontrar una solución al problema para conseguir finalmente que las SCs ocupen el papel que les corresponde en la formulación de las políticas territoriales y urbanísticas.


6º.- Recomendaciones:
Se propondrán algunas ideas que deberán ser complementadas o reformuladas con las ideas surgidas del posterior debate. Para abrir el mismo se apuntan las siguientes:

  • Promover una mayor participación pública que fomente la concertación. Mediante consultas previas a las distintas organizaciones de la SC, estas podrán comprender mejor las políticas que se quieren aplicar y como pueden ser satisfechas de manera óptima aportando sus propias ideas y necesidades. El diálogo es importante, aunque haya diferencias, se debe construir en la base del consenso y de los intereses comunes.
  • Movilización de la sociedad civil haciendo notar, a los ciudadanos, la importancia de participar en el proceso y de que su opinión sobre los impactos económicos, medioambientales y sociales será tenida en cuenta. El ciudadano debe saber para poder exigir.
  • Los urbanistas deben renunciar a su poder despótico. Por muy destacados que sean al final el destino de sus decisiones son los propios ciudadanos, por lo que será bueno que los escuchen y tengan en cuenta. Al final son ellos los que pagan con sus impuestos y no la administración que los contrata.
  • Los ciudadanos deben ser tratados como iguales y no como súbditos. Es la base de la sociedad democrática, aunque para algunos siempre hay unos ciudadanos “más iguales que otros”, esto debe evitarse siempre.
  • Facilitar el acceso a la información urbanística a los no expertos en urbanismo. Según el “Principio de claridad” la información debe ser compresible y práctica para distintos grupos de usuarios. No todos los ciudadanos cuentan con el mismo nivel de conocimientos urbanísticos para comprender la información, por lo que es importante elaborar resúmenes accesibles para los mismos.
  • Promover la e-administración urbanística, hay que desarrollar un modelo que esté enfocado a los ciudadanos y no a los procedimientos. Facilitar el acceso y el uso de la Sociedad de la Información (SI) y de las nuevas tecnologías de la información (TICs)
  • Estudiar la creación de órganos, de participación/supervisión ad hoc  en/de las decisiones urbanísticas, formados por miembros “independientes” de la SC. Según el “Principio de neutralidad”, se deberá seguir una actuación objetiva y evitar las selecciones de miembros, las omisiones, y los formatos destinados a influir en las decisiones urbanísticas “a priori” según pautas recibidas previamente.
  • Creación de órganos de control y coordinación, para el seguimiento de los delitos urbanísticos y del medio ambiente, fomentando la colaboración ciudadana[20]. Si fortalecemos las estructuras democráticas de la sociedad estamos fortaleciendo a todo el sistema.
  • No olvidar el contexto de sostenibilidad y formular los análisis que sean necesarios.

El proyecto de Ley del Suelo, aprobado el 14 de julio de 2006 por el Consejo de Ministros, contempla que todos los planes o sus modificaciones se someterán a información pública en lenguaje comprensible, como mínimo durante 20 días. Incorporarán informes de sostenibilidad ambiental, con mapa de riesgos naturales incluido, así como de las administraciones del agua (si tiene garantizado el abastecimiento) y deslinde de costas, si afecta al litoral. Otra de las novedades consiste en que para autorizar escrituras de obras nuevas en construcción, los notarios exigirán un certificado del arquitecto donde acredite que se ajusta al proyecto aprobado. Y lo mismo ocurrirá al finalizar la obra y su entrega a los usuarios.



En Madrid a, 26 de julio 2006.



[1] La Sentencia dictada en fecha 24 de febrero de 1995 y en su recurso nº 634/92 por la Sección 2ª de la Sala de C-A del TSJ de Madrid sobre impugnación de licencia de para la construcción de 64 viviendas y 120 aparcamientos en una parcela delimitada por las calles de Valdemarín y Cisne, concedida a la empresa Levitt,  favorable al vecino demandante, fue ratificada en Casación después de 10 años de pleito y convertida en firme: Sentencia de fecha 28 de febrero de 2001, por la Sección 5ª de la Sala de lo C-A del Tribunal Supremo. En paralelo la AU mediante la Revisión del PGOUM de 1997, “sana” la ilegalidad aplicando una Norma Zonal 5 Grado 3, atípica de la zona, dejando sin efecto la batalla legal de los ciudadanos. Se había triplicado la edificabilidad impunemente.
[2] De acuerdo con el Decreto del Gerente Municipal de Urbanismo del 24-3-86 (Acuerdo 44), se permitía como uso compatible en los niveles b y c el de “hospedaje en régimen de edificio exclusivo”.

[3] Nombres muy conocidos de la administración urbanística, funcionarios  y políticos de alto nivel, estaban incluidos en la nómina de propietarios compartiendo esta picaresca (Rajoy, Van Halem, Candau, etc).

[4] Valdemarín (258,98 ha) es un barrio del distrito de Moncloa-Aravaca, perteneciente al ayuntamiento de Madrid. Está comprendido entre la Tapia del Monte del Pardo, Tapia del Hipódromo de la Zarzuela, Carretera de la Coruña N-VI (A-6), Camino de la Zarzuela y autovía de circunvalación a Madrid M-40 (Nudo del Barrial).

[5] “M-40, ruido, especulación y conciencia medioambiental”, del autor (escrito en junio de 1997 y publicado en CIUDAD Y TERRITORIO, Estudios Territoriales del Ministerio de Fomento, Vol. XXX. Tercera época N.º 117-118, otoño-invierno 1988)

[6] El 1 de febrero de 1996 el Concejal de Urbanismo, Ignacio del Río, aprobó el gasto de las actas de ocupación y cierre de  la  M-40 ante la indignación vecinal y posteriores pleitos

[7] Sentencia Nº 138, del 31 de enero de 2006, del TSJ en Recurso C-A Nº 422/2000, recurrida por el Ayuntamiento de Madrid

[8] Entre otras cosas, en la parcela en cuestión expropiada se arrasa con el arbolado protegido por la propia gerencia y por la Comunidad de Madrid. También destruye, una parte de la Mina del Francés, considerado un bien integrante del patrimonio de la Comunidad.

[9] La legislación  urbanística garantiza la participación pública  en los procesos de planeamiento y gestión, así como el derecho  a la información de las entidades representativas de los intereses  afectados por cada actuación y el de los particulares.  Las Modificaciones están  sujetas a la misma tramitación que los planes de los que derivan.

[10] Caso C-332/04. El Tribunal de Justicia de las Comunidades  Europeas, ha establecido que cuando las Directivas contienen obligaciones  suficientemente concretas, claras y no condicionadas, una vez transcurrido  el plazo dado para su implementación a través de medidas nacionales,  serán ellas mismas directamente oponibles por los ciudadanos  frente al Estado infractor. Ello para que la Directiva no quede privada  de su "efecto útil" y por aplicación del Principio  General de que nadie puede aprovecharse de su propio dolo o negligencia  (la negativa o el retraso del estado en trasponer la Directiva en Derecho  interno, o el incumplimiento de las traspuestas). El Reino de España por “infractor” ha sido condenado por denuncias relativas a este caso y de la Ciudad deportiva del Real Madrid, debido a una incorrecta transposición de la Directiva 85/337/CEE, que ha excluido de la EIA a los Proyectos de Urbanización en razón de su localización, al estar este proyecto situado en zona urbana, lo que excede la competencia de los Estados (Dictamen motivado dirigido al Reino de España en Informe realizado el 17-12-2002 por la Comisión de las Comunidades Europeas, firmado por la Comisaria europea Marghor Wallström)

[11] No se han tenido en cuenta los plazos establecidos por el artículo 177 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales, en relación con los artículos 82 y 83 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sobre emisión del informe preceptivo de la Intervención y su constancia en el expediente según informe del propio Interventor General del Ayuntamiento de 30 de mayo de 2001, que consta en Expediente 713/2001/3620. (páginas 245 a 250)

[12] Las infracciones son tan numerosas que se relacionan todas ellas, s.e.u.o., en Anexo I

[13] Se han abierto Diligencias Previas 6007/2003 por el Juzgado de Instrucción nº 26. Actuaciones seguidas contra un Catedrático de DA de  la Universidad Complutense de Madrid.

[14] Incumplimiento de Servidumbres Aeronáuticas, la altura de los edificios propuestos (mayor de 220 metros) supera la permitida para seguridad de los aviones (110 metros), por existir una ruta de servicio de tránsito aéreo militar (ATS) de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (usado por la OTAN) y, también, una ruta de emergencia de la aviación civil en el Aeropuerto de Barajas (Procedimiento de “frustrada” de la pista 33, rumbo 330º, que se utiliza con alguna frecuencia en aterrizaje frustrado o maniobra de emergencia), que sobrevuelan ambas el Paseo de la Castellana, entre la Plaza de Castilla y el Nudo Norte, lo que ya obligó a disminuir la altura original de las Torres KIO del “Caso Urbanor” (a los 120 metros actuales y 23 plantas, de las 44 originales, en la ahora denominada PUERTA DE EUROPA; La TORRE PICASO en el mismo eje de La Castellana, pero muy anterior, tiene 157 metros y cuenta con 43 plantas) y obliga también a no utilizar, por falta de autorización, el helipuerto construido en la Torre Oeste.

[15] 160 países reunidos en Kyoto (Japón) para negociar sobre las limitaciones vinculantes de los países desarrollados en torno a los gases del efecto invernadero, de acuerdo a los objetivos fijados en el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992, se comprometieron a limitar sus emisiones en relación con los niveles registrados en 1990. España está muy lejos de cumplir sus objetivos, las emisiones de CO2 superaran en un 37% las registradas en 1990 según el MMA.

[16] Este documento se ha tratado de mantener oculto por la AU y, en último caso, no servido para cambiar su toma de decisiones. La falta de declaración de impacto ambiental en las obras de la M-30 y las de la M-501, arriesgan la posibilidad de que España sea sancionada doblemente por la UE. Se anexa copia del Documento (12 páginas) Anexo II

[17] ART. 105 Constitución Española. Garantiza el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.

[18] Puesto en evidencia con la Sentencia del TJ de la UE que condenó a costas al Estado español, de 13 de junio de 2002. Caso C-474-99.

[19] Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación (BOE: 26/3/2002)

[20] ART. 124 C.E.1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.

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